En un reciente juicio celebrado en la Audiencia de Palma, los propietarios de varias tiendas de souvenirs han aceptado una pena de prisión de un año por cada uno, tras ser acusados de defraudar 72.000 euros a sus proveedores. Antes del inicio de la vista, los implicados realizaron el pago de la cantidad estafada al juzgado, acción que se consideró como una atenuante por reparación del daño. Además, se identificaron retrasos indebidos en el proceso judicial.
Gracias a este acto de compensación y a las demoras procesales, se decidió suspender el ingreso en prisión de los condenados. Este caso destaca la importancia de cumplir con las obligaciones financieras y las consecuencias legales de no hacerlo.
Para más información sobre este caso, siga las actualizaciones en redes sociales o póngase en contacto con los órganos de seguridad competentes.
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